Andalucía renovará su Ley de Montes después de 30 años de vigencia de la actual. La intención es adaptar la normativa a la nueva realidad social y forestal en un contexto de cambio climático, ante la emergencia de los grandes incendios forestales, el abandono rural y la necesidad compartida socialmente de gestionar de forma sostenible los montes.
El anuncio ha caído muy bien en el sector forestal, que demandaba desde hace años, un cambio ya que nos encontramos en un contexto de cambio climático evidente en el que el concepto de la gestión forestal sostenible se hace más evidente que nunca. Los objetivos de la nueva ley son “fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales y económicos implicados en materia forestal para hacer compatible la puesta en valor y rentabilidad de los recursos disponibles con su sostenibilidad. La Ley será positiva si refuerza la gestión forestal sostenible, es decir, sirve para equilibrar todas las exigencias que hacemos a los bosques: conservar la biodiversidad, pero también para generar una economía sostenible que promueva su propia gestión y sirva para consolidar las poblaciones locales”.
Según la Consejería de Sostenibilidad, la nueva Ley de Montes deberá regirse por la simplificación normativa, la multifuncionalidad de los terrenos forestales en el marco de la gestión forestal sostenible, la adaptación de la superficie forestal al cambio climático, la inclusión de estrategias de compensación voluntaria de emisiones, la prevención de los incendios forestales y la inclusión de las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) en las nuevas ordenaciones de montes.
Señala el Gobierno andaluz la necesidad de que esta ley reconozca la contribución de los montes a la provisión de servicios ecosistémicos, “conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad”.
Considera Manuel Romero, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía, que la ausencia de gestión actual es fruto de la falta de planes e inversión en los terrenos forestales y de una normativa “que ha cargado de burocracia la gestión, convirtiendo a los técnicos en administrativos que mueven papeles, en una apuesta política por conservar sin tocar, lo cual es una contradicción porque eso dificulta la propia conservación. Muchos de los Montes de Utilidad Pública andaluces se convirtieron en espacios naturales protegidos por sus valores, fruto de la gestión realizada en ellos, lo cual es un reconocimiento implícito. Pasaron a ser intocables y ahora los tenemos en riesgo por el cambio climático y los grandes incendios. La gestión forestal debe ser dinámica, multifuncional y proveedora de todos los bienes y servicios que la sociedad necesita”.
Así, desde el pasado 29 de junio se ha iniciado el trámite de consultas previas, dando voz a la participación social, para la redacción del Anteproyecto de la nueva Ley de Montes de Andalucía. Desde Genatur, animamos a la participación social tan necesaria e importante para nuestros montes andaluces.
